Ante el desafuero de Gerardo Vargas, Antonio Menéndez del Llano dejó la Diputación y por unanimidad el congreso votó a favor para que sea el alcalde de Ahome hasta el 2027.
Sinaloa ha vivido en los últimos años procesos de desafuero contra presidentes municipales, en un contexto donde la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se han convertido en temas prioritarios para el Congreso local. Desde el primer caso documentado en 2002 hasta el más reciente en 2025, los procedimientos legales impulsados por el Poder Legislativo han marcado un precedente en la historia política del estado.
Cronología de desafueros en Sinaloa:
2002 – Jorge Rodríguez Pasos Exalcalde de Mazatlán: El primer alcalde en la historia del estado en ser destituido por el Congreso fue Jorge Rodríguez Pasos, quien llegó al cargo por el Partido del Trabajo. Apenas seis meses después de asumir la presidencia municipal de Mazatlán, fue desaforado tras ser denunciado por violencia intrafamiliar por su entonces esposa, Consuelo Olivas. La denuncia fue respaldada por un parte médico del Hospital Militar y el Congreso, entonces presidido por Jesús Aguilar Padilla, procedió a retirarle el fuero y destituirlo.
Rodríguez Pasos volvió a ser noticia en 2020, tras una nueva denuncia por parte de su exesposa Guadalupe Valle, por presunta sustracción de sus dos hijas. Una orden de aprehensión fue girada en su contra, pero falleció el 6 de noviembre de 2024, antes de ser detenido.
2022 – Jesús Estrada Ferreiro Exalcalde de Culiacán: El 22 de abril de 2022, el Congreso de Sinaloa inició un juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, tras recibir múltiples denuncias ciudadanas, incluyendo el incumplimiento del Decreto 645 sobre pensiones para viudas de policías, y la omisión de descuentos en el servicio de agua para adultos mayores y personas con discapacidad.
El 10 de junio de 2022 se aprobó por unanimidad su desafuero. La Auditoría Superior del Estado también denunció un presunto daño a la hacienda pública, y la Fiscalía solicitó el juicio de procedencia por abuso de autoridad y discriminación. Aunque Estrada Ferreiro promovió diversos amparos para revertir el proceso, los tribunales confirmaron su separación definitiva del cargo.
2022 – Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres Excaldelde de Mazatlán: El mismo año, Benítez Torres fue señalado por presuntas irregularidades en contratos públicos, como la compra sobrevalorada de luminarias (con un daño estimado de más de 60 millones de pesos) y la adquisición irregular de vehículos regalados sin autorización del Cabildo. Aunque en octubre de 2022 pidió licencia definitiva como alcalde y fue nombrado secretario de Turismo, en febrero de 2023 la Fiscalía General del Estado solicitó su desafuero.
El Congreso consideró improcedente el juicio de procedencia porque ya no ocupaba el cargo de alcalde, aunque fue destituido también como secretario de Turismo. Actualmente enfrenta investigaciones por daño patrimonial y desempeño irregular de la función pública.
2025 – Gerardo Vargas Landeros, ahora Exalcalde de Ahome: Es el caso más reciente registrado este mayo del 2025, el Congreso del Estado desaforó por unanimidad al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas con un valor de 171 millones 451 mil 932.40 pesos. La Auditoría Superior del Estado detectó adjudicaciones directas sin justificación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó la solicitud de desafuero.
Vargas Landeros solicitó licencia por hasta tres meses al Cabildo para enfrentar el proceso como ciudadano. Aunque inicialmente fue nombrada como presidenta municipal interina la regidora Rosa Margarita Velázquez Valdéz, solo fue por pocas horas, ya que este mismo día será sustituida por el ahome Exdiputado Antonio Melendrez Del Llano Bermúdez, tras una sesión legislativa en la que se aprobó su licencia definitiva como legislador para asumir el nuevo cargo hasta el año 2027.
Cabe mencionar que durante la administración del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, se han acumulado los casos más recientes y significativos de desafuero en la historia reciente del estado. Aunque los procesos están amparados en denuncias legales y observaciones de entes fiscalizadores, la acumulación de procedimientos durante su mandato plantea preguntas sobre la gobernabilidad, la selección de perfiles para cargos públicos y la eficacia de los mecanismos de control interno.
En contraparte, la ciudadanía observa estos procesos como una señal de que las instituciones están actuando ante presuntas irregularidades, también se genera un debate sobre la necesidad de reformar el sistema de responsabilidades públicas para eliminar el fuero y evitar que los procedimientos políticos se conviertan en escudos legales.
