México es uno de los países de la OCDE con más horas trabajadas anualmente
(2,226 en promedio).
En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Gobierno de México, encabezado
por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el inicio formal del proceso para
reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La medida, que se aplicará
de manera gradual hasta el año 2030, será discutida a través de mesas de diálogo
que comenzarán el 2 de junio y se extenderán hasta el 7 de julio, según confirmó
el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.
El Ejecutivo plantea una transición que involucre a sindicatos, empresarios
y trabajadores, bajo el argumento de que la reducción del tiempo laboral no
afectará la productividad, sino que dignificará la vida laboral. A pesar del respaldo
oficial, el sector empresarial ha expresado preocupaciones sobre el impacto
económico, especialmente en un entorno de bajo crecimiento y escasa inversión.
Organismos como Coparmex y Canacintra han solicitado mayor flexibilidad,
esquemas diferenciados según el tamaño de la empresa y subsidios para micro y
pequeñas empresas.
A nivel legislativo, la Cámara de Diputados acumula al menos diez
iniciativas orientadas a la reforma, la mayoría con propuestas de implementación
progresiva y sin afectar el salario. Estas varían desde turnos máximos de siete
horas diarias hasta periodos de transición escalonada de seis meses a tres años y
medio, dependiendo del tipo de empresa.
La reforma, que busca actualizar un modelo laboral vigente desde 1917,
también considera experiencias internacionales como las de Chile y Colombia, que
han optado por reducciones graduales. México, uno de los países de la OCDE con
más horas trabajadas anualmente (2,226 en promedio), enfrenta así el reto de
armonizar su marco laboral con estándares globales, garantizando derechos
laborales sin frenar la competitividad.
