El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, denunció públicamente este
jueves que al menos 193 resoluciones judiciales emitidas entre 2024 y 2025 han
favorecido a presuntos miembros del crimen organizado, lo que ha derivado en la
liberación o traslado de más de 100 imputados considerados de alta peligrosidad. La
denuncia fue presentada durante la conferencia matutina del gobierno federal.
Entre los casos señalados se encuentran decisiones de jueces como Gregorio
Salazar Hernández, quien habría beneficiado a integrantes de los cárteles del Pacífico y del
Golfo, incluyendo a Gerardo Ponce Alanís y a familiares de Osiel Cárdenas Guillén. Otros
jueces, como Enrique Hernández Miranda y Silvestre Peña Crespo, autorizaron traslados y
modificaciones de medidas cautelares para decenas de internos procesados por delitos
graves como secuestro, portación de armas exclusivas del Ejército y homicidio.
García Harfuch comentó que estas decisiones “minan el trabajo de las fuerzas de
seguridad” y reiteró el compromiso del gobierno federal, encabezado por la presidenta
Claudia Sheinbaum, de continuar con la captura de generadores de violencia. Además,
alertó que algunos jueces han obstaculizado procesos de extradición clave, como en el
caso de los hermanos Miguel Ángel “Z-40” y Óscar “Z-42”, líderes de Los Zetas, cuyos
traslados han sido retrasados en más de 130 ocasiones conjuntas por al menos siete
jueces.
La denuncia ocurre en el contexto de la histórica elección popular del Poder
Judicial en México, donde más de 99 millones de ciudadanos están llamados a votar por
más de 880 cargos. La jornada ha sido objeto de crecientes cuestionamientos por
supuestos vínculos de candidatos con el crimen organizado. La presidenta Sheinbaum ha
solicitado al Tribunal Electoral revisar candidaturas sospechosas, mientras agrupaciones
civiles como Defensorxs han documentado al menos 13 aspirantes con antecedentes
preocupantes.
A la par de estas denuncias, las autoridades mexicanas intensificaron los operativos
de detención de figuras clave del narcotráfico con fines de extradición hacia Estados
Unidos. Tan solo esta semana, se capturó en Culiacán a Jesús “N”, alias “Chuy”, presunto
operador del Cártel de Sinaloa. Estas acciones forman parte de la “Operación Frontera
Norte”, lanzada en febrero, la cual ha generado más de 2.500 detenciones y el
aseguramiento de más de un millón de pastillas de fentanilo. La controversia resalta
tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo, en un momento en que la lucha contra el
narcotráfico se entrelaza
