Washington D.C. – 16 de mayo de 2025.El presidente Donald Trump, en el inicio de su segundo mandato, suspendió el sistema de asilo en Estados Unidos como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal, dejando a miles de solicitantes en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. La orden ejecutiva fue emitida el pasado 20 de enero, acompañada por una serie de directrices que buscan frenar lo que Trump ha calificado como una “invasión”.
En la frontera estadounidense llegan personas desde Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana, Uzbekistán y otros países, quienes aseguran ser perseguidos por su religión, orientación sexual o por apoyar a los “políticos equivocados” en sus países de origen.
Durante décadas, los solicitantes de asilo pudieron exponer su caso ante las autoridades migratorias. Hoy, esa posibilidad se ha esfumado para muchos. “No nos ofrecieron un agente de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué pasó”, denunció un activista ruso deportado a Costa Rica junto con su esposa e hijo el pasado 26 de febrero, luego de que fuera sorprendido con grabaciones sobre fraude electoral en su país.
Según abogados, defensores de derechos humanos y activistas, lo que impera ahora es un escenario caótico y sin reglas claras. Algunos migrantes son deportados tras breves interacciones con agentes migratorios, mientras otros permanecen detenidos indefinidamente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las consecuencias de esta política son graves: migrantes enviados a países desconocidos, separación familiar y una creciente presión sobre organizaciones que intentan asistirlos legal y humanitariamente. La suspensión del asilo representa un giro radical en la política migratoria estadounidense, que tradicionalmente ofrecía refugio a quienes huían de la persecución.
