La iniciativa busca limitar pagos por indemnizaciones y agilizar procesos ante el Tribunal Burocrático del Estado
Los Cabos, Baja California Sur.- El Congreso del Estado de Baja California Sur presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, con el objetivo de evitar laudos laborales e indemnizaciones que afectan financieramente a las instituciones públicas.
De acuerdo con la propuesta, se pretende agilizar los procedimientos de justicia laboral y reducir los altos costos derivados de demandas de trabajadores de confianza, quienes actualmente pueden exigir pagos millonarios al concluir las administraciones estatales o municipales.
La fracción parlamentaria de Morena, promotora de la iniciativa, planteó que los servidores públicos de confianza tengan nombramientos únicamente temporales, sin derecho a estabilidad laboral, aunque conservando el acceso a la seguridad social y la protección del salario, se explicó que estos cambios evitarían que funcionarios temporales, al término de su gestión, interpongan demandas amparadas en vacíos legales que obligan a los entes públicos a destinar recursos al pago de salarios caídos o indemnizaciones.
Además, se establece que en caso de despido injustificado de trabajadores de confianza, el pago de salarios caídos se limitará a un máximo de 12 meses, del mismo modo, los juicios deberán resolverse en ese mismo plazo, con la finalidad de armonizar la duración del proceso con el límite de compensación económica.
El proyecto también contempla facultar al Tribunal Burocrático del Estado para sancionar a abogados, representantes o litigantes que presenten recursos improcedentes o que busquen dilatar los juicios.
Las autoridades legislativas mencionaron que los trabajadores de base no se verán afectados por esta reforma, ya que la ley laboral les otorga una protección superior y diferenciada, quedan excluidos de esta iniciativa los servidores públicos electos por voto popular, así como personal de instituciones de seguridad, peritos, agentes del Ministerio Público, personal penitenciario y quienes trabajen bajo contratos civiles u honorarios, al no mantener una relación de subordinación o estar sujetos a régimen laboral común.
