Lo señalan de tráfico de influencias, cohecho y vínculos con Hernán Bermudez
Los Cabos, Baja California Sur.- La diputada federal suplente, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una demanda de juicio político contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por actos y omisiones que presuntamente favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco.
El hoy coordinador de la fracción legislativa de Morena en el Senado de la República fue gobernador constitucional de Tabasco del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021, cuando solicitó licencia al cargo para desempeñarse como secretario de Gobernación, cargo en el que permaneció del 26 de agosto de 2021 al 16 de junio de 2023. El 1 de septiembre de 2024 asumió el puesto de senador de la República. Actualmente es presidente de la Junta de Coordinación Política de esa cámara.
La demanda presentada este lunes, en calidad de ciudadana, por la legisladora del PAN, plantea que López Hernández presuntamente incurrió en tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, al mantener vínculos con Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su administración como gobernador y quien es acusado de ser el líder de la organización criminal conocida como La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pérez-Jaén Zermeño solicitó la destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura de los procesos penales correspondientes, en caso de que los haya.
La demandante presentó como respaldo lo que dijo son informes oficiales de inteligencia militar obtenidos como producto de hackeo y filtración de documentos provenientes del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo el colectivo Guacamaya, así como notas periodísticas que señalan a López Hernández de haber permitido, encubierto y beneficiado redes criminales en Tabasco, particularmente a la organización delictiva La Barredora, que era liderada por Hernán Bermúdez Requena.
De acuerdo con la ley, la responsabilidad política se constituye cuando el servidor público, específicamente, aquel cuya función tiene trascendencia en el colectivo y por su evidente nivel jerárquico superior, en el ejercicio de sus actividades incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Esta responsabilidad se determina mediante el Juicio Político, que consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso federal a partir de la denuncia de cualquier ciudadano, a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso de que incurran en actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos.
Con información de Fernando Castillo para Cabomedia
