Fijan plazos máximos para resolver conflictos y acotan el pago de salarios caídos y buscan reducir pasivos financieros y fortalecer la justicia laboral
Los Cabos, Baja California Sur .- El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó una serie de reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, con el objetivo de agilizar la resolución de juicios laborales y limitar los pagos derivados de salarios caídos, a fin de mejorar la eficiencia del sistema de justicia laboral y proteger las finanzas públicas.
Entre los cambios centrales se establece un plazo máximo de 18 meses para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resuelva los conflictos laborales. En el mismo sentido, se determinó que el pago de salarios caídos no podrá exceder también los 18 meses, criterio que se apega al marco constitucional y que, aunque supera el límite de 12 meses previsto en la Ley Federal del Trabajo, busca frenar la acumulación de laudos prolongados que generan una alta carga financiera para el Estado.
La reforma incorpora además una etapa obligatoria de conciliación previa, con el propósito de privilegiar la solución anticipada de los conflictos, asimismo, se faculta al Tribunal Burocrático para sancionar a abogados que incumplan con sus obligaciones procesales o que dilaten de manera intencional los procedimientos, así como a servidores públicos que retrasen injustificadamente los juicios, con medidas que pueden ir desde la suspensión y destitución hasta la denuncia ante instancias penales.
En materia de estabilidad laboral, se establece que los servidores públicos de libre designación no tendrán derecho a indemnización al concluir su encargo, al tratarse de nombramientos temporales sujetos a los periodos constitucionales correspondientes. Esta disposición busca evitar la generación de pasivos millonarios derivados de litigios laborales prolongados.
Las modificaciones, impulsadas por diputadas y diputados de la Fracción Parlamentaria de Morena y avaladas por mayoría en el pleno, impactarán principalmente a trabajadores de confianza y de libre designación, sin afectar los derechos del personal de base.
Con estas reformas, el Poder Legislativo de Baja California Sur apuesta por una justicia laboral más ágil y eficiente, al tiempo que promueve una administración pública más ordenada, transparente y responsable en el manejo de los recursos públicos.
