La Fiscalía de Chiapas cumplimentó una orden judicial contra el edil en funciones; también enfrenta cargos por corrupción y abuso de autoridad.
Los Cabos, Baja California Sur .- Ernesto “N”, presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fue detenido por su presunta relación con grupos delictivos, informó la Fiscalía General del Estado, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Control, conforme al marco legal vigente y a los procedimientos establecidos.
Además de la investigación por posibles nexos con el crimen organizado, el alcalde enfrenta señalamientos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos, derivados de hechos ocurridos durante su gestión municipal.
La Fiscalía General del Estado subrayó que la detención se enmarca en la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, reiterando que no se tolerarán conductas que afecten a la población chiapaneca y que toda persona que incurra en delitos será llevada ante la justicia.
Autoridades señalaron que las víctimas de los presuntos delitos son la Hacienda Pública Municipal y la sociedad en general, y enfatizó que el cargo del detenido no influyó ni condicionó la actuación de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
El operativo fue resultado de acciones coordinadas de prevención y combate al delito, con la participación de la Agencia de Investigación Criminal, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos de la Defensa y la Marina.
Ernesto “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho, mientras continúan las investigaciones por sus presuntos vínculos delictivos y actos de corrupción.
Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones continúan y que no habrá tolerancia para funcionarios o elementos de seguridad que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.
