La extorsión será castigada con hasta 25 años de prisión y se perseguirá de oficio, la norma armoniza la legislación estatal con la Ley General en la materia
Los Cabos, Baja California Sur.- El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una nueva herramienta jurídica que endurece las penas contra este delito y refuerza los mecanismos de investigación y atención a víctimas. Con esta legislación, la extorsión podrá castigarse con penas de entre 15 y 25 años de prisión, además de sanciones económicas.
Durante la sesión de la XVII Legislatura, las y los diputados avalaron la iniciativa que alinea el marco legal estatal con la Ley General recientemente emitida por el Congreso de la Unión, con el objetivo de unificar criterios, sanciones y procedimientos en todo el país para combatir este delito de alto impacto.
La nueva normativa establece que comete extorsión quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, ya sea para obtener un beneficio propio o para un tercero, o bien, causando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. En estos casos, además de la pena de prisión, se impondrá una multa que va de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, la ley contempla agravantes que permitirán incrementar las penas de cuatro hasta ocho años adicionales, dependiendo de las circunstancias en que se cometa el delito, entre los alcances del nuevo ordenamiento se incluyen reglas claras para la investigación, persecución y ejecución penal, así como la obligación de que estos delitos sean investigados de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia formal de la víctima.
Con la entrada en vigor de esta ley, Baja California Sur fortalece su andamiaje legal contra la extorsión y establece un plazo para la puesta en marcha del Centro de Atención a Denuncias, instancia que será clave para brindar atención oportuna a las víctimas y mejorar la eficacia en la investigación de un delito que impacta directamente a familias, comercios y sectores productivos del estado
