Reforma al Código Penal busca garantizar reinserción social y fortalecer revisión de casos mediante la Comisión de Amnistía
Los Cabos, Baja California Sur.- El Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Penal estatal que elimina la prisión vitalicia conocida como cadena perpetua y establece en 70 años la pena máxima para delitos graves.
La modificación fue avalada por la LXII Legislatura a propuesta de la diputada Sofía Martínez Molina, del PT, junto con el Ejecutivo estatal, bajo el argumento de que la cadena perpetua vulnera derechos humanos al impedir la reinserción social.
De acuerdo con el dictamen, este tipo de sanción implica la privación de la libertad de manera indefinida y sin posibilidad de revisión, lo que cancela cualquier opción de que una persona sentenciada pueda reinsertarse en la sociedad, reduciendo la pena a un castigo meramente punitivo.
Las y los legisladores señalaron que esta figura contradice el objetivo del sistema penitenciario mexicano, el cual debe enfocarse en la rehabilitación y eventual reintegración de las personas privadas de la libertad, así mismo, retomaron criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado incompatible la prisión vitalicia con el artículo 18 constitucional por carecer de mecanismos de revisión.
Aunque desaparece esta figura, las sanciones para delitos de alto impacto se mantienen severas, con penas de hasta 70 años en casos como homicidio, feminicidio y secuestro.
En la misma sesión, también se aprobaron cambios a la Ley de Amnistía estatal para reactivar de forma permanente la Comisión de Amnistía. Este órgano podrá analizar casos relacionados con posibles violaciones a derechos humanos, fallas en el debido proceso o presunta fabricación de delitos.
Además, se amplían los criterios para acceder a este beneficio, incorporando a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad en determinados supuestos, la comisión estará integrada por representantes de los siete grupos parlamentarios y revisará expedientes de relevancia social o jurídica que requieran atención especial.
