En sus primeros 100 días de gestión, la administración Trump ha arrestado a más
de 150.000 migrantes.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump en su
segundo mandato, ha implementado un controvertido programa de
autodeportación voluntaria que ofrece a los inmigrantes en situación irregular un
estímulo económico de 1.000 dólares y un boleto aéreo para retornar a su país de
origen. La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS),
busca reducir los costos asociados a las deportaciones forzadas, estimados en
más de 17.000 dólares por persona.
La iniciativa, gestionada a través de la aplicación móvil CBP Home —una
versión renovada de la antigua CBP One—, permite que los migrantes soliciten
asistencia logística y económica para su retorno voluntario. Una vez completado y
verificado el viaje, el DHS otorga la compensación financiera.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió el programa
como “una solución segura, eficiente y rentable” tanto para los migrantes como
para los contribuyentes estadounidenses. Según la funcionaria, la autodeportación
evita la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) y podría facilitar una futura regularización migratoria para los participantes.
El DHS indicó que el primer beneficiario del programa, un ciudadano
hondureño, ya fue repatriado desde Chicago. Además, se han reservado más
vuelos para migrantes que han iniciado el proceso en las últimas semanas.
El programa ha sido recibido con escepticismo por organizaciones
defensoras de los derechos humanos, que lo califican como un mecanismo
coercitivo disfrazado de voluntariedad. Críticos advierten que, bajo una retórica de
asistencia humanitaria, el gobierno de Trump estaría acelerando las deportaciones
y ampliando la vigilancia sobre las comunidades migrantes.
La estrategia de autodeportación forma parte de una política migratoria más
amplia del actual gobierno republicano, que incluye detenciones masivas,
ampliación de centros de reclusión —incluido uno en la base naval de
Guantánamo—, y propuestas de reforma constitucional para eliminar el derecho
de ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados.
En sus primeros 100 días de gestión, la administración Trump ha arrestado
a más de 150.000 migrantes, intensificando así una política de control migratorio
que ha provocado protestas a nivel nacional e internacional. Mientras el gobierno
defiende estas acciones como medidas necesarias para preservar la seguridad
nacional, diversas organizaciones civiles y académicas alertan sobre su impacto
en los derechos humanos y la cohesión social.
