México gana arbitraje internacional de 2,700 mdd ante organismo del Banco Mundial

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Irving Thomas

El CIADI desestimó por completo la demanda de Access Business Group y ordenó a la empresa pagar costos del proceso; Economía afirma que el fallo sienta un precedente clave en materia de inversión

 

Los Cabos,  Baja California Sur .- El gobierno de México obtuvo un triunfo significativo en el arbitraje internacional iniciado por la firma estadounidense Access Business Group ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial especializado en controversias entre inversionistas y Estados, la Secretaría de Economía informó que logró representar exitosamente al país frente a una reclamación que superaba los 2 mil 700 millones de dólares.

La empresa presentó su demanda en abril de 2023 bajo disposiciones del TLCAN y el T-MEC, alegando que México expropió de manera indebida los terrenos conocidos como “El Petacal”, ubicados en Jalisco, los cuales supuestamente habían sido adquiridos por su filial Nutrilite en la década de los noventa. Según la compañía, una acción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 2022, al entregar el predio a un ejido, constituía una violación a las obligaciones del Estado mexicano.

Sin embargo, el Tribunal Arbitral determinó por mayoría que carecía de jurisdicción para conocer la reclamación, de acuerdo con su resolución, fechada el 21 de noviembre de 2025, las medidas impugnadas ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían alegarse como violaciones a obligaciones que ya no estaban vigentes, el panel destacó que “nada en el texto del Anexo 14-C indica” la extensión de dichas obligaciones más allá de la finalización del tratado.

Además de desechar el caso en su totalidad, el Tribunal ordenó a la empresa pagar aproximadamente 1.3 millones de dólares por gastos y costos del arbitraje.

Finalmente, Economía calificó el fallo como un logro relevante para México y un precedente que reafirma la improcedencia de reclamaciones multimillonarias sin sustento jurídico.

 

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